Víctimas de mala praxis médica nace en el año 2009 motivado por la falta de sensibilidad humana por parte de quienes están encargados de velar por la salud, olvidando que la salud es precisamente el eje fundamental para la vida humana. Por indiferencia u omisión de las autoridades responsables de salud, en complicidad con el marco legal existente, en no pocas ocasiones se expone al peligro la integridad de la salud y la vida de muchos pacientes a pesar de la constante evolución de la medicina. Desde aquí queremos invocar a las autoridades a poner alto a los atropellos, en sus diferentes modalidades, para proteger a través de las instituciones encargadas de velar por los derechos que toda persona tiene en el ámbito de salud, sobre todo, a los más indefensos y vulnerables, para quienes el estado “casi” ni existe. Para todos los pacientes se debe exigir respeto y reivindicación de su dignidad a los tratamientos a los cuales son sometidos. Algunos de los atropellos son sistemáticos, como son los casos de negar o extraviar las historias clínicas, las largas esperas, la ausencia de información suficiente, las normas “dicen”, entre otras determinando así, la falta de idoneidad del servicio médico contratado.
Porque los profesionales de la salud han ido abandonado de forma paulatina, tal vez por desconocimiento, los códigos de ética y deontología, transformándolos en derechos del paciente afectado, y para que ello se cumpla - el afectado se ve en la necesidad de apelar a la vía o ámbito judicial: por ejemplo, a ser tratado con dignidad, a la confidencialidad de su expediente, privacidad, a la no discriminación en el acceso a los servicios de salud, acceso a la información, etc.
Si algún paciente es afectado por una mala atención de salud, éste casi no tiene posibilidades de hacer reclamo alguno. Incluso, si se da que el caso llegue a instancias judiciales, donde el afectado tiene que pasar por engorrosos trámites judiciales sin siquiera lograr alcanzar la tan esperada justicia que todo ser humano anhela. El resultado en la mayoría de las situaciones es de impotencia e indignación por el desamparo por parte de las autoridades tanto en el aspecto humano, social, legal y físico.
Igualmente, en muchas ocasiones se han hecho diversas denuncias sobre el funcionamiento de centros de salud sin la debida autorización, pero todo sigue funcionando igual a vista y paciencia de las autoridades. Estas irregularidades recién salen a la luz cuando hay pérdidas de vidas humanas, las autoridades “toman” medidas urgentes, cuando hay pérdidas irreparables – todo muy tarde.
Así mismo muchos establecimientos médicos realizan contratos con profesionales médicos, quienes alquilan un espacio (un consultorio), así como la infraestructura (sala de operaciones, por ejemplo); en este caso no existe relación de dependencia, lo que facilita la posibilidad de evadir responsabilidades legales. En última instancia es el paciente quien determinara la relación jurídica.
Otro elemento en esta situación es la nula vigilancia, cuidado y recomendaciones post-operatorias por parte del médico, además de la poca accesibilidad, por parte del paciente o sus familiares, al médico tratante.
Es también necesario hacer un llamado a los medios de comunicación, que por razones diversas, entre ellas el económico, la poca visibilidad, conocimiento superficial del tema, no informan adecuadamente a la sociedad, que desinformados se dejan llevar por la publicidad engañosa y las ofertas tentadoras como solución a sus problemas de salud.
A los centros universitarios, como responsables de la formación de aquellos profesionales de la salud sin los principios éticos y morales, que se dejan llevar por los beneficios económicos que pueden alcanzar. También un factor a tomar en cuenta, es la proliferación de centros de educación superior que ofrecen carreras de salud sin contar para ello con los recursos e infraestructuras mínimos necesarios; el resultado se tienen muchos profesionales, a quienes incluso el escritorio les queda grande.
La mala formación de los antes mencionados, conlleva el someter a los pacientes a procedimientos innecesarios, costosos, tratamientos inadecuados, diagnósticos equivocados. Por ejemplo – ¿son necesarias todas las cesáreas? O muchas de ellas solo responden a los beneficios personales del médico: en lo económico, porque representa un ingreso adicional por la operación, con el pretexto del mayor riesgo; en lo laboral, por ser menos trabajoso el asistir una cesárea que el parto normal; todo esto sin tomar en cuenta los aspectos negativos para la recuperación del paciente y la atención del recién nacido, etc.
Para las autoridades judiciales, las leyes están al margen del ser humano. En los casos de negligencias, el agraviado tiene que llevar pruebas documentadas, no siendo suficiente las evidencias físicas o las secuelas visibles y/o deficiencias físicas adquiridas después del procedimiento médico, nos dicen – esa no es prueba. Todo esto no hace más que prolongar los inconvenientes para el paciente, la ficha clínica o expediente médico resulta inaccesible, los informes de expertos son costosos, demasiados contratiempos a causa de una perniciosa y mal entendida solidaridad corporativa o el denominado falso espíritu de cuerpo, tornando así a la víctima en victimario.
Finalmente, esta problemática debe servir para que el poder legislativo, mas humanizado, dicte normas en beneficio de las mayorías afectadas (entiéndase por usuarios de los servicios de salud) y no para favorecer intereses económicos de unos cuantos (prestadores de salud).
MISION
Nota: Este artículo fue elaborado en el año 2008
MISION
Victimas de mala praxis médica tiene como misión, comprometernos en la lucha para custodiar la defensa de los derechos del paciente, reivindicar el respeto y derecho a la vida, a la salud con un trato digno frente a la incomprensión, la desidia, la indiferencia u omisión de parte de las autoridades de la salud. Encaminados a promover una normativa legal que proteja de forma objetiva al paciente de aquellos profesionales de la salud que no merecen ejercer la más noble de la profesiones, que científicamente, o ética y moralmente no están preparados, se encuentren alejados de la vocación de servicio, que ven en el paciente solo una fuente de ingresos, que les generan recursos económicos – si no es uno, será otro y que convierten a la salud en un negocio rentable.
Nuestra lucha es contra aquellos profesionales de la salud que se dejan llevar por los beneficios económicos que pueden alcanzar, exponiendo al paciente a riesgos innecesarios, en muchas ocasiones encubiertos por el colegio médico, a sabiendas que pueden contar con el beneplácito de las autoridades de turno. Socaban a la sociedad y manipulan la ley para sus fines e intereses particulares. Corrompen a las autoridades, algunos incluso acostumbrados a comprar jueces y fiscales; conviven con la corrupción, se sienten impunes de sus actos inmorales, reprobables por si solos, y por la sociedad.
Nota: Este artículo fue elaborado en el año 2008
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